A propósito de las victimas
Con base en el artículo 142 de la ley 1448 de 2011, conmemoramos recientemente el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.
En un país como Colombia que tiene cerca de 7 millones de víctimas del conflicto armado, los distintos estamentos de la sociedad civil pueden estar seguros de que estamos avanzando en la construcción de un nuevo orden jurídico para atender a esa población que ha sido objeto de todo tipo de vejámenes y acciones violentas.
La recién aprobada ley 1448 de 2011 implica un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de quienes son víctimas de la violación de sus derechos o de muerte, a partir de hechos ocurridos desde el primero de enero de 1985.
Todo lo anterior, según lo dispone la ley, en un marco de justicia transicional, que posibilite hacer efectivo el goce del derecho de las víctimas a su verdad, a la justicia y a la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.
Para el Congreso de la República las víctimas no son una horda furiosa y enardecida, sino una población que hoy merece ser reivindicada por el daño que le han causado los agentes de la violencia.
Estamos a punto de cerrar los capítulos de la Colombia violenta, escribimos el epílogo del conflicto para volver a comenzar y nada más oportuno que invitar a todos los sectores de la Nación a que se conviertan en protagonistas activos de una vida en paz que nos debe llevar a escribir la historia del nuevo país sin más muertos y sin más desplazados por la violencia.
En un país como Colombia que tiene cerca de 7 millones de víctimas del conflicto armado, los distintos estamentos de la sociedad civil pueden estar seguros de que estamos avanzando en la construcción de un nuevo orden jurídico para atender a esa población que ha sido objeto de todo tipo de vejámenes y acciones violentas.
La recién aprobada ley 1448 de 2011 implica un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de quienes son víctimas de la violación de sus derechos o de muerte, a partir de hechos ocurridos desde el primero de enero de 1985.
Todo lo anterior, según lo dispone la ley, en un marco de justicia transicional, que posibilite hacer efectivo el goce del derecho de las víctimas a su verdad, a la justicia y a la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.
Para el Congreso de la República las víctimas no son una horda furiosa y enardecida, sino una población que hoy merece ser reivindicada por el daño que le han causado los agentes de la violencia.
Estamos a punto de cerrar los capítulos de la Colombia violenta, escribimos el epílogo del conflicto para volver a comenzar y nada más oportuno que invitar a todos los sectores de la Nación a que se conviertan en protagonistas activos de una vida en paz que nos debe llevar a escribir la historia del nuevo país sin más muertos y sin más desplazados por la violencia.
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