Un drama que golpea a millares de familia que pueden perderlo todo

El Senador de la República, José David Name Cardozo, le pidió hoy a la Procuraduría General de la Nación que “ordene una vigilancia y seguimiento especial con la finalidad de velar por los intereses de la sociedad a través de una pronta y cumplida justicia”, dentro del proceso para reparar los perjuicios causados a los propietarios del sector de Campo Alegre en Barranquilla, en donde las viviendas se caen a pedazos por la fragilidad del terreno.

“Hoy, los afectados reclaman con razón la pronta reparación de los perjuicios, pero desafortunadamente los trámites y procedimientos indemnizatorios se dilatan por la actitud inconsecuente e indolente de los responsables de los daños causados a perjudicados que hacen parte del estrato socioeonómico medio de nuestra ciudad”, precisa la comunicación que el Senador Name Cardozo entregó este martes al Procurador General Alejandro Ordoñez. El texto de la carta es el siguiente:



Respetado doctor Ordóñez:


A niveles de verdadera catástrofe ha llegado la situación por la que atraviesan cientos de familias residentes en Barranquilla que, con muchas esperanzas e ilusiones, invirtieron los ahorros producto de varios años de sacrificios en un proyecto que se ofrecía como la solución a las necesidades de vivienda, el cual se desarrollaría en el sector de Campo Alegre de esta ciudad.

Varios nombres que hacían imaginar un ambiente de paz, tranquilidad, regocijo e integración familiar, fueron utilizados en su momento como rimbombante propaganda para atraer a los futuros propietarios. Así, resultan familiares al oído de los barranquilleros “Las Terrazas”, “Altos del Campo”, entre otros conjuntos residenciales edificados sobre el territorio del Distrito, conocido por propios y extraños como “La Arenosa”. Pero, al parecer, esta condición de ser de arena o estar compuesto de ella no fue tenida en cuenta por las autoridades que concedieron las licencias de construcción y, bastante menos, por las firmas urbanizadoras, quienes con marcada negligencia cuasidolosa olvidaron que, previamente durante los años setenta, las edificaciones de Las Terrazas desaparecieron porque su suelo no era ni es apto para mantener fijas, firmes y habitables las casas que allí se construyeron.

Muy pronto, por segunda ocasión y a pesar de la desgracia cantada a coro, los inmuebles se deterioraron y se hicieron inhabitables. De esta manera, las expectativas de una justa y merecida tranquilidad generada por la materialización de los deseos de estas familias, se transformaron en una inmensa y desesperanzadora frustración. Se diluyeron, como se diluye la sal al contacto con el agua. Y es la sal, respetado Procurador, el mineral que está impregnado en el suelo de las laderas noroccidentales de la ciudad. Al caer las lluvias el suelo se mueve casi gelatinosamente, no es firme ni estable, y se presenta lo que los ingenieros y geólogos conocen como “el fenómeno alka-seltzer”.

Hoy, los afectados reclaman con razón la pronta reparación de los perjuicios, pero desafortunadamente los trámites y procedimientos indemnizatorios se dilatan por la actitud inconsecuente e indolente de los responsables de los daños causados a perjudicados que hacen parte del estrato socioeonómico medio de nuestra ciudad.

Lo que he descrito hasta ahora no es nuevo. Muy por el contrario, es un hecho notorio sobre el cual se opina en toda la ciudad y el departamento del Atlántico, y ha trascendido incluso a nivel nacional a través de la prensa y la radio. El diario El Espectador, por ejemplo, en su edición virtual del 17 de junio de 2008 publica un magnífico trabajo de investigación bajo el título “Todo está en manos del alcalde”. Pero, a la fecha no se ha producido una declaración de responsabilidad por parte de ningún ente de control, lo que deslegitima nuestro Estado Social de Derecho.

Así las cosas, solicito a usted de la manera más comedida que, en ejercicio de las funciones que le han sido asignadas por el artículo 277 de la Constitución Nacional, ordene una vigilancia y seguimiento especial con la finalidad de velar por los intereses de la sociedad a través de una pronta y cumplida justicia.

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