Columna de Opinión

El Congreso tiene el derecho y el deber de mejorar leyes de la paz

Perdido el referendo, era claro que el Gobierno y el Congreso debían entenderse sobre un plan de acción que permitiera la aprobación del marco normativo para la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc.

Entendí desde un principio que si bien era urgente legislar, también estaba convencido de que debíamos hacerlo sin apresuramientos y expresando nuestros puntos de vista respecto de las propuestas del Gobierno a través de los ministerios delegados para ello.

Las camisas de fuerza per sé son incómodas y mucho más si se trata de un tema tan sensible como lo pactado con una guerrilla que desangró al país durante más de 50 años y tiene en contra a una importante corriente de opinión pública.

En junio de 2016, el Congreso había aprobado el denominado Fast Track, un mecanismo excepcional que servía para aprobar aceleradamente las reformas acordadas con las Farc.

Teniendo en cuenta el triunfo del No en las elecciones del 2 de octubre de 2016, fue evidente que debía lograrse un nuevo acuerdo que efectivamente se firmó el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. El 13 de diciembre se conoció que la Corte Constitucional dio su visto favorable a la vía rápida que tramitó el Congreso para reducir a la mitad los tiempos de aprobación de las reformas legales y las de la Carta Política del 91.

Ante una demanda de la oposición al Acto Legislativo que creó el Fast Track, el pasado miércoles 17 de mayo la Corte Constitucional declaró inexequible dos literales de ese mecanismo que en opinión de la corporación judicial no afecta el proceso de paz sino que le devuelve al Congreso la posibilidad de deliberar sobre las iniciativas de implementación de la paz, permitiéndosele al gobierno que pueda contradecir u objetar lo que proponga el legislativo.

Lo dicho por la Corte en nada afecta el Acto Legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz ni la ley de amnistía y beneficios para agentes del Estado, dado que el fallo del miércoles no es retroactivo.

Comparto la opinión de quienes argumentan que el principio democrático ha ganado y la paz no ha perdido nada. Es cierto que lo que haga el Congreso de ahora en adelante será más legítimo, así vaya en consenso con el Ejecutivo. 

En mi caso personal soy consciente de la responsabilidad que me corresponde y en ese contexto actuaré en consonancia con lo acordado en el Teatro Colón, sin dejar de opinar sobre lo que crea correcto para el país.

Después de leer todos los comentarios que han sido publicados a partir del fallo, pienso que nada hay que temer y que no existe dificultad alguna en el camino de la implementación. Por el contrario, reconforta que una sana deliberación dentro de los tiempos previstos le permita a Senadores y Representantes hacer sugerencias y propuestas frente a todo aquello que convenga y beneficie a los colombianos.

Lo que sí debo rechazar de plano es que las directivas de las Farc se expresen en tonos amenazantes y complicados, cuando se habla de deliberar en relación con la implementación del Acuerdo de Paz. Estar con la paz no significa decirle sí a todo lo que sostenga la guerrilla, pero tampoco se trata de ponerle trabas al proceso. 

En resumidas cuentas, no creo que el fallo de la Corte Constitucional impacte negativamente la implementación del acuerdo, solo se hacen a un lado algunos apartes del Acto Legislativo del Fast Track que en consideración de ocho magistrados limitaban el papel de los congresistas.

Ahora se impone la sensatez y en este orden deben expresarse el gobierno y los partidos que integran la llamada Unidad Nacional para que, de común acuerdo, salgan adelante las iniciativas que se consideran esenciales para la paz y se puedan incorporar a ellas las propuestas y recomendaciones que a bien tengan los miembros del Legislativo. 

Pienso que no es para convertir el Congreso en un ring de boxeo, sino para que el Senado y la Cámara expresen realmente cuán comprometidos están con la paz sin declinar el derecho y el deber que tienen de mejorar y enriquecer las leyes de la reconciliación nacional y el tránsito al posconflicto. Por favor escríbame a jname@josename.com