Columna de Opinión

Hoy existe un problema,

pero Barranquilla puede

volver a ser ciudad segura

Por José David Name Cardozo

Senador de la República Partido de La U.

Tapar el cielo con las manos es un imposible y si somos sensatos, lo real es que Barranquilla y su Área Metropolitana, como otras zonas sensibles del Atlántico, tienen una preocupante y delicada situación de inseguridad.

Pero lo que nos ocurre va mucho más allá de un fenómeno de coyuntura o de algo que podamos resolver con 100 o 200 policías más, con la prohibición del parrillero hombre o mujer por sectores urbanos o el toque de queda a menores de edad y el cierre de establecimientos nocturnos a determinadas horas.

En los últimos 14 años Colombia ha sido objeto de políticas claras para la preservación del orden público, una de ellas denominada de seguridad democrática con la cual se diezmó la estructura ofensiva de la guerrilla, pero también abrió paso a otra tanto o más agresiva como la paramilitar que invadió la esfera de la política y alteró la moralidad en niveles de alta y media dirección de la administración pública.

La administración nacional actual se la jugó con la llamada prosperidad democrática y en consonancia con su filosofía le apostó a la paz, logrando con éxito una primera fase del proceso al concretar un acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC e iniciar una fase de negociaciones públicas con el ELN. El tráfico de drogas y el secuestro fueron prácticas que sirvieron al financiamiento de estos frentes subversivos durante décadas, propiciando niveles más altos de terrorismo e inseguridad.

Al margen de dos engendros de violencia con clara inspiración política, vimos la aparición y expansión de las Bandas Criminales, Bacrim, y/o Grupos Armados Organizados, GAO, que tienen en la extorsión, el fleteo, el narcotráfico, en algunos casos en alianzas con la guerrilla, y la estimulación de pandillas juveniles urbanas, el más peligroso coctel al que nos podamos enfrentar en este instante.

Combatir una u otra estructura provoca lo que ciertos especialistas señalan como “delincuencia fragmentada”, es decir aquella que no registra clan o banda alguna, pero sí siembra terror entre los ciudadanos por la proliferación del atraco, el fleteo y el sicariato, muchas veces para ejecutar ajustes de cuenta entre criminales.

En visita que hizo recientemente la cúpula de la Policía Nacional y de la investigación criminal en Colombia a la ciudad de Barranquilla, algunos oficiales destacaron que en la localidad somos testigos del auge de la delincuencia fragmentada porque Los Rastrojos, el Clan del Golfo y  otros tuvieron que abrirse hacia otros lares pero nos dejaron el vicio de delinquir, amén de lo que ya habíamos heredado con reinsertados e integrantes de grupos paramilitares que no se acogieron a la desmovilización pactada y cuyas nefastas consignan hicieron mella y escuela en niños y jóvenes vulnerables. A la fecha uno de los graves problemas de la ciudad y su Área Metropolitana es el énfasis delincuencial en el microtráfico, a lo cual habrá que dedicarle mucho esfuerzo para erradicarlo y en ese aspecto coincidimos con el Fiscal General Néstor Humberto Martínez.

Independientemente de los factores nacionales que han incidido en la creación de un clima de inseguridad urbano, no desconocemos en el caso del Atlántico y Barranquilla la presencia de actores de la administración pública y la política que abandonaron durante largos periodos la atención de las necesidades básicas de la población en términos de servicios públicos, vivienda, salud, educación, empleo, ordenamiento territorial, protección a la tercera edad y a la primera infancia, entre otros aspectos. Esos actores se especializaron en trasladar el erario público a sus bolsillos y dejaron a amplias capas de la población en un tiempo perdido.

Las generaciones de escasos recursos que provienen de esa época y que en su niñez, adolescencia y juventud y vida adulta no tuvieron y no tienen oportunidades legítimas de desarrollo personal y familiar, fueron lanzadas a la vida fácil de la delincuencia y en ese trasegar también han podido meter a otros grupos de generaciones presentes que aún no forman parte de la política social del Estado y a los que hay llegar con urgencia a través de programas de resocialización. Para que no engrosen las filas de las décadas perdidas.

Frente a 30 o 40 años de abandono, hemos pasado a gobiernos que en los últimos 9 años han podido desarrollar un plan intensivo en materia de infraestructura, vías, parques, acueducto, alcantarillado, canalización de arroyos, recuperación y construcción de colegios, inauguración de megacolegios, centros de desarrollo infantil, atracción de la inversión nacional y extranjera, atención a los infantes entre 0 y 5 años de edad, fomento al emprendimiento, extensión de la universidad al barrio e inversión en otros frentes complementarios, temas en los cuales a pesar de permanecer en orillas políticas distintas a las del Alcalde Alejandro Char debo reconocer la diligencia con la que se ha actuado. Pero sus efectos no son de la noche a la mañana, los veremos en el mediano plazo.

Sé que la Gobernación del Atlántico hace lo propio y debo incurrir en una especie de autoelogio para decirles amables lectores que todo ello es una tangible realidad dado el compromiso de jóvenes y experimentados administradores públicos, pero también gracias a la tarea que hemos hecho en el Congreso de la República año tras año en defensa de los dineros que nos corresponden y de la participación que merecemos en los programas de inversión nacional en áreas claves como la salud, vivienda, educación, agua potable y saneamiento básico, así como en iniciativas adicionales que empezarán a dar sus frutos en el corto plazo.

He solicitado profundizar en la inversión social en Barranquilla y el Atlántico, lo cual debe funcionar en el punto de eliminar los elementos objetivos y subjetivos de la inseguridad si el Gobierno Nacional hace lo que es de su competencia en materia de política criminal, es decir, mayor eficiencia del Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, sistematización de audiencias, depuración del sistema judicial, agilidad en la construcción del Bunker de la Fiscalía en la ciudad a un costo de 80 mil millones de pesos,  habilitación de nuevas Unidades de Reacción Inmediata, URI, aumento de la planta de fiscales, ampliación de los centros carcelarios existentes y si es pertinente uno nuevo. Atlántico y Barranquilla hacen lo que pueden y deben, pero la Nación tiene que cumplir lo suyo y en ese sentido le hice peticiones concretas al Gobierno Nacional en carta que dirigí al Presidente de la República la semana pasada. Así podremos castigar con rigor al delincuente actual, sin que salga a las dos horas de ser capturado.

También es urgente articular programas de cultura ciudadana en todos los sectores para motivar a los habitantes a preservar la seguridad, a mejorar el entorno y a denunciar el delito. Las autoridades deben ser rodeadas y respaldas en sus propósitos, unidos todos. La inseguridad se agrava si confrontamos con las instituciones, lo que debemos es fortalecerlas. Siempre les solicitaré a los administradores de turno que convoquen, en lo que a mi toca tendré la disposición permanente a colaborar. Barranquilla hoy tiene un problema, pero con el apoyo de todos nosotros puede volver a ser una ciudad segura. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com