Queremos ver juzgados, condenados y encerrados a los corruptos de la alimentación escolar en el país

Publica el diario El Tiempo en su edición del domingo 16 de agosto de este año, dos interesantes trabajos periodísticos que revelan el mapa de la corrupción que maneja los planes de alimentación escolar en el país y los contratistas a través de los cuales se mueven miles de millones de pesos para la entrega de raciones contaminadas, incompletas y en mal estado muchas veces.

En uno de los trabajos el Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Luis Enrique García de Brigard, denuncia que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) “está contaminado por intereses políticos y económicos, carteles y mafias” y sostiene que es lamentable encontrar esa corrupción operando en muchas regiones a las que llega el suministro contratado.

En muchas de mis columnas y trinos, desde hace algún tiempo he venido denunciando situaciones anómalas en los departamentos de Atlántico, Bolívar y La Guajira, amén de lo que ocurre en el Chocó y otras latitudes, relacionadas con las deficiencias de la alimentación escolar y otros programas administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Me complace ahora que el Ministerio de Educación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

El denominado PAE es objeto de irregularidades tanto en los tiempos bajo la tutela del ICBF como hoy administrado por el Mineducación y los entes territoriales a donde llega. 

Una interventoría contratada con la Universidad de Antioquia muestra cerca de 54 mil hallazgos pequeños y grandes en el concierto nacional, de los cuales 27 mil son de tipo técnico, 11.500 responden a pésimas condiciones de infraestructura y 4.578 se conectan con deficiencias respecto de la gestión social y la participación ciudadana en tareas de control y supervisión.

En desarrollo del PAE, especialmente desde cuando el Plan Nacional de Desarrollo de 2012 lo trasladó al Ministerio de Educación, el gobierno nacional definió que la inversión anual sería del orden del billón de pesos anuales para el suministro de 4 millones 073 mil raciones de alimentos. No estamos hablando de dos ni tres pesos, es una cifra astronómica que debería llegar convertida en alimentos de calidad a más de cuatro millones de niños en Colombia.

Es realmente espantoso que unos clanes de bandidos se apropien de esos recursos para el bienestar particular y suministren alimentos en mal estado que se constituyen en una sigilosa pena de muerte contra una población infantil que proviene de familias en estado de vulnerabilidad social.

Colombia debe y tiene que reaccionar con energía frente a esa inmisericorde corrupción. Unos organismos de control han hecho lo de su competencia, tienen la información a la mano, se han identificado contratistas y sectores políticos inescrupulosos, ahora esperamos que la Fiscalía General de la Nación actúe dentro de lo que le corresponde porque el país quiere ver juzgados, condenados y encerrados a quienes cometen uno de los crímenes más graves en los que se puede incurrir contra el futuro del país: nuestros niños y niñas.

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